Las personas físicas y jurídicas que, actuando por cuenta propia o de tercero, realicen movimientos de medios de pago en efectivo por encima de unas cuantías fijadas en la normativa, están obligadas a presentar una declaración en formato oficial sobre el origen destino y tenencia de los fondos que transportan.

A estos efectos, se entenderá por origen el título o negocio jurídico que determine la legítima tenencia de los fondos, y por destino, la finalidad económico-jurídica a que se hayan de aplicar los fondos.

Aunque materialmente se trata de un tipo de movimiento de capitales, su regulación queda fuera de la Ley 19/2003, siendo objeto de tratamiento específico por la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, de Prevención del Blanqueo de Capitales.